AN-YPFB.- El primer informe sobre la situación de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) identificó al menos seis modalidades de irregularidades en la cadena de distribución y comercialización de combustibles, principalmente correspondientes a la gestión pasada, informó este viernes el viceministro de Transparencia, Seguridad Jurídica e Integridad Pública, Yamil García, durante una conferencia de prensa realizada en instalaciones de YPFB en Santa Cruz.

Entre los principales hallazgos de la Comisión Interministerial e Interinstitucional, se encuentran más de 30 despachos realizados antes de la emisión de la factura, cuando el procedimiento establece que primero debe efectuarse el pago y la facturación, para luego generar la orden de despacho y la asignación.

También se detectaron casos de clientes directos que recibieron cupos superiores al 199% del límite permitido y más de 40 situaciones en las que retiros programados para varios días fueron concentrados en una sola jornada, evidenciando criterios discrecionales en la programación. A ello se suman retiros superiores a los parámetros habituales de asignación, favorecimientos discrecionales y presuntos desvíos de combustible.

García explicó que una de las principales debilidades identificadas estuvo relacionada con la falta de sistemas de control trazables. Las conciliaciones de despachos se realizaban mediante tablas de Excel, mientras que el sistema permitía modificaciones posteriores y retroactivas por parte de distintos usuarios. “No se ha generado un sistema digital trazable que pueda acabar con la corrupción en este caso”, señaló la autoridad, al cuestionar que durante los últimos cinco años se hayan destinado más de Bs 400 millones a infraestructura tecnológica, sin contar con un mecanismo integral que permita realizar un seguimiento seguro de toda la cadena de distribución.

El viceministro informó que, como resultado de la investigación, ya fueron identificadas estaciones de servicio que habrían sido favorecidas de manera discrecional y funcionarios que presuntamente posibilitaron el desvío de combustibles. En total, se contabilizan más de 70 casos que serán objeto de procesamiento penal.

García precisó que los hechos analizados se presentaron con mayor frecuencia durante la gestión 2024, por lo que las investigaciones no se limitarán a quienes actualmente pudieran estar involucrados, sino que alcanzarán también a quienes hubieran generado las condiciones para estas irregularidades en el pasado. Entre los delitos que podrían ser investigados mencionó cohecho pasivo, uso indebido de influencias, negociaciones incompatibles, concusión y almacenaje, comercialización y compra ilegal de combustibles.

Como parte de las medidas estructurales, la Comisión de Intervención Estatal Extraordinaria trabaja con YPFB, el Ministerio de Hidrocarburos y otras entidades, incluida la AGETIC, en la implementación de un sistema digital que permita trazabilidad en tiempo real de toda la cadena de distribución. 
La propuesta contempla además un portal público de transparencia mediante el cual la población pueda conocer, desde un dispositivo móvil, cuánto combustible ingresa, a quién se despacha y cuáles son las capacidades y movimientos registrados, con el objetivo de cerrar espacios a la discrecionalidad y evitar que las irregularidades detectadas vuelvan a repetirse.