AN-YPFB.-Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) detectó este martes una irregularidad en los precintos de seguridad de un camión cisterna de procedencia paraguaya, en instalaciones de YPFB Logística.
El hallazgo ocurrió en el control de ingreso a planta, durante la verificación rutinaria del personal de vigilancia. Uno de los compartimientos posteriores de la unidad presentaba un precinto aparentemente vulnerado. La cisterna no ingresó y se notificó de inmediato a las autoridades competentes.
YPFB informó a la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) y al Distrito Comercial La Paz (DCLP). Personal técnico del DCLP y representantes de la firma inspectora Camin Cargo se constituyeron en el lugar, verificaron la unidad y tomaron declaración al conductor.
Según los antecedentes recabados y lo manifestado por Camin Cargo, la alteración del precinto habría ocurrido en el punto de partida, en el país de origen. La inspectora indicó que el conductor no reportó el hecho durante el trayecto.
Para las pericias y a fin de descartar cualquier afectación al producto transportado, la ANH y YPFB pidieron la intervención de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC).
La cisterna permanece inmovilizada y bajo resguardo en el recinto hasta que la FELCC concluya las investigaciones y determine responsabilidades.
YPFB señaló que el procedimiento se aplica conforme a sus protocolos de control, trazabilidad y resguardo de la calidad de los hidrocarburos.

AN-YPFB.-Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) puso en marcha este martes el proyecto de terminación y prueba de producción del pozo Montecristo-9 (MTC-9), ubicado en Okinawa, provincia Warnes del departamento de Santa Cruz, con una inversión estimada de 12 millones de dólares.

El proyecto aplicará tecnología especializada para evaluar y viabilizar la producción de gas y condensado de las formaciones Huamampampa y Los Monos, de edad devónica. La operación está a cargo de YPFB Chaco S.A., subsidiaria de YPFB, con el apoyo de empresas contratistas.

El presidente Rodrigo Paz Pereira señaló que, por la tecnología empleada, “lo que estamos viendo hoy en Okinawa, este campo Montecristo, es un campo de desarrollo piloto, pero de una modernidad absoluta para Bolivia; es la primera vez que se hace esto en el país”.

Destacó: “A través del éxito de este campo, vamos a poder no solo aumentar un 13% el gas para Bolivia junto a todo el sector de Okinawa, sino también más del 40% de los combustibles que serán tratados en el país para la venta y el consumo de los bolivianos, tanto en gasolinas como en diésel, o brindar jet fuel para abaratar costos en aeronáutica”.

Lamentó que no se haya invertido en exploración en gestiones anteriores y acotó: “Los vecinos de Okinawa saben que se siembra para producir, y lo mismo pasa con el gas: hay que invertir, producir y hacer las normas”.

El ministro de Hidrocarburos y Energías, Marcelo Blanco Quintanilla, expresó su satisfacción por estar en el pozo Montecristo-9 “después de haber iniciado hace dos semanas con el Presidente el pozo Junín, y la semana pasada la Refinería de Cochabamba, con el objeto de relanzar la refinación en Bolivia, lograr la seguridad energética de la Patria y convertir eventualmente al país en el corazón energético de Sudamérica”.

“La terminación del pozo no es casualidad; es el resultado de planificación, inversión y valentía política para ir a buscar la riqueza donde otros no se atrevieron a hacerlo”, afirmó.
Añadió que el proyecto responde a un plan estratégico energético que busca la seguridad energética del país, “una hoja de ruta moderna que combina soberanía estatal, seguridad jurídica, apertura a la inversión privada y máxima responsabilidad ambiental en estricto respeto al artículo 33 de nuestra Constitución”.

El presidente ejecutivo de YPFB, Sebastián Daroca, señaló: “Bolivia necesita recuperar su producción de hidrocarburos, incorporar nuevas reservas y mirar hacia aquellos reductos que durante años no fueron aprovechados. Montecristo nos abre esta posibilidad”.
Indicó que la estatal avanza también en Okinawa, Remanso, Monteverde, Ayoreo y Colibrí. “Si los resultados de Montecristo-9 son técnica y económicamente favorables, podremos avanzar con nuevos pozos y ampliar el desarrollo del campo”, proyectó.

El eje técnico del proyecto es la intervención de formaciones de baja permeabilidad, que requieren procedimientos especializados para producir. El MTC-9 es un pozo piloto que permitirá aplicar esa tecnología en Bolivia y obtener información para determinar si es viable una explotación regular y sostenida. Ese conocimiento servirá para evaluar otros pozos piloto en esta y otras áreas.

YPFB Chaco S.A. precisó que el proyecto tiene un alcance estratégico para la exploración nacional, porque formaciones similares han albergado grandes acumulaciones de gas y petróleo en otras cuencas del mundo. En algunos casos, esos recursos se extienden a escala regional, lo que abre la posibilidad de identificar nuevos plays y reducir el riesgo geológico. Confirmar ese potencial exigirá nuevos pilotos, inversión y estudios geológicos avanzados.

Los 12 millones de dólares cubren la terminación del pozo y el traslado de equipamiento especial desde el exterior. Parte de ese equipamiento podrá permanecer en el país para proyectos futuros.

AN-YPFB.-Los niveles ejecutivo y gerencial de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y de sus empresas filiales y subsidiarias participaron el viernes 11 de septiembre en un taller sobre ética pública y código de conducta, informó Zonia Angles Avendaño, directora de Transparencia Corporativa de la estatal petrolera.

El encuentro se realizó en el auditorio de YPFB, en el marco de la política institucional de “Tolerancia Cero a la Corrupción”. Según Angles Avendaño, el objetivo fue analizar lineamientos de conducta, medidas de prevención y riesgos operativos.

“El evento permitió fortalecer la integridad corporativa de YPFB ante la coyuntura actual, mediante un espacio de análisis con el nivel ejecutivo y gerencial, para definir lineamientos de conducta y prevención de la corrupción, bajo un enfoque transversal de transparencia”, indicó.

En el taller intervinieron Claudia Cuéllar Vargas, responsable departamental de Santa Cruz del Viceministerio de Transparencia, Seguridad Jurídica y Derechos Humanos, con la exposición “Ética en la Gestión Pública”; la propia directora de Transparencia Corporativa de YPFB, quien explicó el Código de Conducta e Integridad Pública; y Priscilla Castelli, quien abordó sistemas de integridad y gestión de riesgos de corrupción.

Angles Avendaño sostuvo que la integridad institucional debe entenderse como una capacidad colectiva, sustentada en procesos, liderazgos y decisiones responsables. Añadió que la transparencia “no es una opción regulatoria, sino un compromiso ético con el país, con la estabilidad de la empresa y con el bienestar de la población boliviana”.

La autoridad vinculó las conclusiones del taller al cumplimiento de los objetivos institucionales y a la recuperación de la credibilidad pública de la empresa, aunque no se detallaron acuerdos, plazos ni indicadores de seguimiento.

Personal de YPFB Logística S.A. identificó el 11 de septiembre una alteración estructural y una presunta adulteración de producto en un camión cisterna de color rojo, con placa de control 3135-XUA, durante la recepción de diésel en la Planta Logística de YPFB, ubicada en la avenida Final Siglo XX, zona Sud de Cochabamba. El conductor, Néstor Flores Choquehuanca, fue aprehendido y el caso quedó a cargo de la FELCC.
El vehículo ingresó a la planta para descargar combustible. En la tercera descarga, el personal técnico advirtió un comportamiento irregular del chofer. Al verificar el tanque, el cuarto compartimento permanecía lleno pese a que la válvula de salida estaba abierta y no se registraba vaciado.
La inspección técnica posterior reveló tres irregularidades graves:
•  Una tubería metálica adaptada a una salida lateral en la tapa de la escotilla, dispuesta para simular que el tanque estaba lleno y ocultar el vaciado real.
•  Un corte en el compartimento, sellado con masilla de secado rápido, con riesgo de fuga o derrame.
•  Un orificio oculto junto a la tapa, por el que el conductor introducía la mano para manipular el sistema interno de tuberías.
Se convocó de emergencia a la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH). Al medir los tanques de recepción no se constató, en un primer momento, merma de combustible; sí se evidenció una alteración grave de la calidad. El contenido de agua en el tanque de planta subió de 25 a 44 milímetros, equivalente al ingreso irregular de entre 5.800 y 6.000 litros de agua al sistema de almacenamiento.
El área de Seguridad, Medio Ambiente y Salud, junto con el equipo de Logística, activó los protocolos institucionales. Como medida de custodia, se retuvieron de forma preventiva dos teléfonos móviles del conductor para entregarlos como evidencia.
El presidente ejecutivo de YPFB, Sebastián Daroca Oller, instruyó de inmediato al Departamento Legal presentar la denuncia ante el Ministerio Público. Según el Formulario Único de Denuncias (código 301103012602518), registrado el 12 de septiembre a las 04:19 ante la FELCC Cochabamba como acción directa, personal técnico de planta —el Sr. Bequer Soto Cruz y la Ing. Fabiana Latapia— reportó las modificaciones internas del tanque y el incremento de agua detectado en la fiscalización final de la recepción. El conductor, titular de la licencia 6743308, categoría “C”, fue aprehendido a las 19:35, con lectura de derechos y garantías. A las 22:35, personal de la FELCC se constituyó en el lugar y asumió el caso. El camión cisterna fue secuestrado y quedó bajo custodia oficial.
El proceso se inicia por los presuntos delitos de manipulación ilegal, riesgo ambiental y adulteración de carburantes. YPFB Logística realiza una auditoría completa de la calidad del tanque afectado para resguardar la integridad operativa de la planta.

AN-YPFB.- El primer informe sobre la situación de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) identificó al menos seis modalidades de irregularidades en la cadena de distribución y comercialización de combustibles, principalmente correspondientes a la gestión pasada, informó este viernes el viceministro de Transparencia, Seguridad Jurídica e Integridad Pública, Yamil García, durante una conferencia de prensa realizada en instalaciones de YPFB en Santa Cruz.

Entre los principales hallazgos de la Comisión Interministerial e Interinstitucional, se encuentran más de 30 despachos realizados antes de la emisión de la factura, cuando el procedimiento establece que primero debe efectuarse el pago y la facturación, para luego generar la orden de despacho y la asignación.

También se detectaron casos de clientes directos que recibieron cupos superiores al 199% del límite permitido y más de 40 situaciones en las que retiros programados para varios días fueron concentrados en una sola jornada, evidenciando criterios discrecionales en la programación. A ello se suman retiros superiores a los parámetros habituales de asignación, favorecimientos discrecionales y presuntos desvíos de combustible.

García explicó que una de las principales debilidades identificadas estuvo relacionada con la falta de sistemas de control trazables. Las conciliaciones de despachos se realizaban mediante tablas de Excel, mientras que el sistema permitía modificaciones posteriores y retroactivas por parte de distintos usuarios. “No se ha generado un sistema digital trazable que pueda acabar con la corrupción en este caso”, señaló la autoridad, al cuestionar que durante los últimos cinco años se hayan destinado más de Bs 400 millones a infraestructura tecnológica, sin contar con un mecanismo integral que permita realizar un seguimiento seguro de toda la cadena de distribución.

El viceministro informó que, como resultado de la investigación, ya fueron identificadas estaciones de servicio que habrían sido favorecidas de manera discrecional y funcionarios que presuntamente posibilitaron el desvío de combustibles. En total, se contabilizan más de 70 casos que serán objeto de procesamiento penal.

García precisó que los hechos analizados se presentaron con mayor frecuencia durante la gestión 2024, por lo que las investigaciones no se limitarán a quienes actualmente pudieran estar involucrados, sino que alcanzarán también a quienes hubieran generado las condiciones para estas irregularidades en el pasado. Entre los delitos que podrían ser investigados mencionó cohecho pasivo, uso indebido de influencias, negociaciones incompatibles, concusión y almacenaje, comercialización y compra ilegal de combustibles.

Como parte de las medidas estructurales, la Comisión de Intervención Estatal Extraordinaria trabaja con YPFB, el Ministerio de Hidrocarburos y otras entidades, incluida la AGETIC, en la implementación de un sistema digital que permita trazabilidad en tiempo real de toda la cadena de distribución. 
La propuesta contempla además un portal público de transparencia mediante el cual la población pueda conocer, desde un dispositivo móvil, cuánto combustible ingresa, a quién se despacha y cuáles son las capacidades y movimientos registrados, con el objetivo de cerrar espacios a la discrecionalidad y evitar que las irregularidades detectadas vuelvan a repetirse.

AN-YPFB.- El vicepresidente Nacional de Operaciones (VPNO) de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Víctor Hugo Blacud, encabezó una reunión con la Confederación Departamental de Moto Taxis "Santa Cruz Unida" para coordinar acciones orientadas a optimizar la distribución de gasolina. El sector argumentó que los volúmenes actuales son insuficientes debido a la alta circulación de sus afiliados.
Tras el desarrollo de mesas técnicas de trabajo, se acordó evaluar el incremento de cupos de combustible en las estaciones de servicio con mayor afluencia de estos motorizados. Como parte de los compromisos, la Confederación presentará una lista detallada de los surtidores con mayor demanda. Por su parte, YPFB garantizará el suministro regular mediante la Gerencia de Comercialización (GCOM), sujeto a la disponibilidad de volúmenes, y comunicará de manera oportuna cualquier modificación logística a los dirigentes.
Finalmente, luego de realizar una visita a la Sala de Monitoreo y Control de Combustibles de la estatal,  el sector de mototaxistas anunciaron que se sumarán al control social ciudadano. Esta medida busca coadyuvar con las autoridades para evitar el desvío ilícito de hidrocarburos en beneficio de la población cruceña.

AN-YPFB.- La estatal YPFB y la Agencia Nacional de Hidrocarburos, iniciaron este viernes operativos de control aleatorios en las estaciones de servicio de Santa Cruz, con el objetivo de garantizar que el combustible llegue a la población y evitar prácticas irregulares en su comercialización.

Personal de ambas instituciones se desplazaron hacia al menos seis surtidores de la capital cruceña, de acuerdo a las instrucciones del ministro de Hidrocarburos y Energías, Marcelo Blanco, y del presidente de YPFB Corporación, Sebastián Daroca. La estatal petrolera brinda apoyo logístico y de personal a la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) en el marco de las investigaciones ordenadas por el presidente del Estado, Rodrigo Paz Pereira.

“Hemos venido a dar un apoyo logístico y un apoyo con personal a la ANH para ver y controlar que el abastecimiento se esté haciendo como se tiene que hacer y que el combustible le llegue a toda la población”, afirmó Pedro Satt, director de Seguridad y Salud Ocupacional de YPFB.

El operativo comenzó en una estación de servicio de la zona norte de la ciudad de Santa Cruz, donde se verificó el movimiento y la existencia física de los carburantes, sin evidenciarse irregularidades. Los controles se extenderán durante toda la jornada, además de continuar de forma rutinaria, aleatoria y sorpresiva en diferentes estaciones de servicio del país.

Satt explicó que entre las principales verificaciones se encuentra la trazabilidad de las cargas mediante el sistema B-SISA, comprobando que la placa del vehículo corresponda con la habilitación para realizar la carga. Asimismo, se controla que los volúmenes despachados desde las plantas de YPFB y sus subsidiarias lleguen correctamente a los tanques de las estaciones de servicio y que posteriormente sean comercializados al usuario final.

“Lo que se quiere evitar es el desvío de combustible, el agio, la especulación. Y queremos pedirle a toda la población que, si ellos ven o conocen de alguna denuncia, nos hagan conocer”, señaló el ejecutivo de YPFB, al destacar además que en las estaciones de servicio se han colocado carteles con un código QR para realizar denuncias anónimas.

Por su parte, Carla Salces, directora Legal de la ANH Distrital Santa Cruz, explicó que los controles responden a la necesidad de realizar una supervisión exhaustiva frente a denuncias y casos de desvío de combustible. “Se va a controlar a través de la ANH, que es nuestra tuición, todo el tema del control, de la supervisión del sistema B-SISA y proceder ante cualquier irregularidad conforme a la normativa”, manifestó.

La representante de la ANH señaló que durante las intervenciones se pueden detectar situaciones como la repetitividad de carguíos y el desvío de combustibles, por lo que la entidad reguladora mantendrá presencia diaria en las estaciones mediante operativos sorpresa. En caso de establecerse responsabilidades, las estaciones de servicio podrían enfrentar sanciones administrativas o penales, de acuerdo con la naturaleza de la irregularidad y la normativa vigente.

AN-YPFB.- Las refinerías Gualberto Villarroel, de Cochabamba, y Guillermo Elder Bell, de Santa Cruz, administradas por YPFB Refinación S.A., quedaron autorizadas de manera excepcional a importar petróleo crudo para procesarlo y comercializar de forma directa los productos derivados en el mercado interno, en el marco del Decreto Supremo N.º 5701, de 7 de septiembre de 2026.

La norma, emitida por el Gobierno del presidente Rodrigo Paz Pereira en el contexto de la emergencia energética y social declarada por el Decreto Supremo N.º 5517, busca fortalecer la refinación nacional y reducir la compra de combustibles terminados. Los derivados obtenidos del crudo importado se venderán a precios de mercado y no estarán sujetos a subvención.

“Tenemos que producir. A través del decreto que hemos aprobado, estamos dando a las empresas refinadoras del Estado la oportunidad de conseguir su propio espacio, su crudo, generar la refinación y poder poner al mercado nacional a buen precio el producto”, indicó Paz Pereira este miércoles durante un acto realizado en la refinería Gualberto Villarroel.  

En el evento también participaron Marcelo Blanco Quintanilla, ministro de Hidrocarburos y Energías, Mauricio Zamora Liebers, ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, Óscar Mario Justiniano, ministro de Desarrollo Productivo, Rural y Aguas, Manfred Reyes Villa, alcalde de Cochabamba, Sebastián Daroca Oller, presidente de YPFB y Jorge Paniagua Flores, gerente general de YPFB Refinación S.A.

CAPACIDAD OCIOSA Y CAÍDA DE LA CARGA
Ambos complejos son la principal infraestructura de refinación del país. Transforman petróleo crudo en combustibles, lubricantes y productos especiales. Su capacidad conjunta de diseño es de 63.750 barriles por día (BPD) y la capacidad máxima operativa, de 56.500 BPD. Esa infraestructura alcanza para procesar volúmenes mayores si hay materia prima disponible.
Entre enero y julio de 2026, sin embargo, el procesamiento real promedió 24.067 BPD: 37,8 % de la capacidad de diseño y 42,6 % de la capacidad máxima operativa.
Entre 2021 y 2026 el procesamiento de crudo se redujo cerca de 40 % (de 40.332 BPD en 2021 a 24.067 BPD en el promedio de enero-julio de 2026). La caída se explica por la menor producción nacional de petróleo y condensado, no por falta de capacidad de refinación.

“Entre las dos refinerías que tenemos en el país, tenemos una capacidad de 63.700 barriles por día con una capacidad operativa de 56.500 BPD. Estas cifras no son solo números en un papel. La principal limitación actual no es la capacidad de las refinerías, sino la disponibilidad de petróleo crudo nacional para procesar”, indicó Sebastián Daroca Oller, presidente ejecutivo de YPFB.

¿QUÉ AUTORIZA EL DECRETO?
El Decreto Supremo Nº 5701 autoriza de manera excepcional a las refinerías a importar petróleo destinado a su procesamiento y a comercializar de forma directa los productos derivados de ese crudo importado. La medida se inscribe en la política nacional hidrocarburífera y en la emergencia energética y social vigente.

A diferencia del régimen anterior (Decreto Supremo N.º 5548, de febrero de 2026), que permitía importar crudo, pero obligaba a vender los refinados a YPFB o a un distribuidor mayorista, la nueva norma habilita la comercialización directa. Esos productos no estarán cubiertos por la subvención estatal.

¿QUÉ PRODUCEN LAS REFINERÍAS?
Las plantas elaboran carburantes regulados —gasolina especial, gasolina base, gasolina base C, diésel oil, GLP, jet fuel, kerosene, gasolina de aviación, gas oil y crudo reconstituido— y productos no regulados: lubricantes terminados, aceites base, solventes, butano, slack wax, grasas y cemento asfáltico.

EFECTOS ESPERADOS, SEGÚN LA EMPRESA
YPFB Refinación sostiene que, al importar crudo para procesarlo en el país, se reducirá el volumen de gasolinas y diésel terminados que hoy se compran en el exterior; se aprovechará mejor la capacidad ociosa de ambas plantas; y se podrá elaborar gasolinas de mayor octanaje. La empresa también proyecta un menor desembolso público por importación de combustibles terminados y un aumento de la recaudación fiscal por la venta interna de producción propia.

La compañía identifica a las refinerías de Cochabamba y Santa Cruz como activos estratégicos para la seguridad energética: abastecen transporte público y privado, carga pesada, agricultura, minería e industria; producen combustibles de aviación y lubricantes fabricados en Bolivia; y generan empleo especializado.

La puesta en marcha de las importaciones queda sujeta a la reglamentación que debe emitir el Ministerio de Hidrocarburos y Energías.

AN-YPFB.– Un rezago acumulado cercano a 6 millones de litros de combustible, 630 accesos remotos y 60 accesos locales figuran entre los principales hallazgos del equipo interdisciplinario de YPFB que investiga las vulnerabilidades en los distritos comerciales de la empresa.

En conferencia de prensa, el presidente de YPFB, Sebastián Daroca, informó este lunes que, además de esos hallazgos, se detectaron sistemas que no estaban integrados, asignaciones manuales y discrecionales, y la ausencia de mecanismos efectivos para trazar el combustible desde su asignación hasta el punto de entrega.

Con relación a los 630 accesos remotos y los 60 accesos locales, el ejecutivo sostuvo que fueron depurados y que ahora son objeto de una auditoría forense para determinar qué actividades se realizaron desde ellos y a qué usuarios correspondían. Daroca explicó que la primera medida fue cerrar esos accesos y habilitar únicamente los indispensables para la operación. En paralelo, YPFB unificó los sistemas de asignación, facturación y otros componentes operativos que antes funcionaban sin una integración adecuada y generaban vulnerabilidades.

Uno de los hallazgos de mayor impacto fue la práctica de asignar combustible que todavía no existía físicamente en planta, lo que generó un rezago acumulado cercano a 6 millones de litros. Esa modalidad permitía que empresas facturaran o reservaran cupos sobre volúmenes aún no disponibles, arrastraran saldos pendientes de un día a otro y distorsionaran la atención de la demanda.

YPFB cerró esa vulnerabilidad y dispuso que las asignaciones y facturaciones se realicen únicamente sobre combustible físicamente disponible.

Daroca también informó que la revisión histórica de las asignaciones permitió detectar decisiones manuales y discrecionales, sin una fórmula matemática objetiva que determinara cuánto correspondía a cada estación de servicio. El procedimiento fue modificado para incorporar criterios objetivos y sustentados en datos.

A ello se suma la creación del Centro de Monitoreo y Control, desde el cual hoy se integra información, se detectan anomalías y se hace seguimiento a cada cisterna, conductor, volumen asignado y punto de entrega. “Hemos cambiado de un sistema en el cual estábamos ciegos y no podíamos ver, y no teníamos datos para generar un correcto análisis y una correcta interpretación, a un sistema ya integrado, en el que tenemos información disponible en línea y podemos tener una trazabilidad completa de las asignaciones”, afirmó el presidente de YPFB.

Qué permite este cambio
El principal avance es pasar de un esquema basado en información fragmentada y en reclamos posteriores a un sistema que permite conocer en línea qué combustible se asigna, quién lo transporta y hacia dónde se dirige. Ello fortalece la transparencia, mejora la distribución según criterios objetivos y facilita el control social, ya que municipios, comités cívicos y organizaciones productivas pueden verificar la información de las cisternas y sus destinos. El nuevo modelo busca que YPFB detecte una anomalía mientras ocurre, y no después de un reclamo.

Según el presidente de YPFB, los siguientes pasos incluyen la integración del Centro de Monitoreo con los sistemas de la ANH, con el fin de cruzar información sobre los niveles de combustible en las estaciones de servicio y afinar aún más la asignación de volúmenes.
Asimismo, YPFB desplegará cuadrillas de técnicos y profesionales para controlar en campo las asignaciones y su trazabilidad. La primera ya inició actividades en Montero.

AN-YPFB.- Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos avanza en el fortalecimiento de mecanismos de control y seguridad de la información como parte de una revisión integral de sus sistemas y de las acciones orientadas a recuperar mayor trazabilidad sobre la cadena de comercialización y despacho de combustibles.

El proceso, instruido y encabezado desde la Presidencia Ejecutiva de YPFB, comprende una auditoría técnica y forense destinada a establecer el origen, características, alcance y utilización de los accesos detectados, así como eventuales vulnerabilidades que deban ser corregidas.

Actualmente, la estatal petrolera continúa desarrollando la investigación técnica y forense especializada sobre los accesos del sistema, resguardando de manera inmediata el control institucional. El análisis técnico definitivo establecerá cuáles accesos estaban justificados, cuáles presentan anomalías y si existen elementos que requieran investigaciones adicionales.

La revisión se desarrolla paralelamente al fortalecimiento del monitoreo y la trazabilidad de la distribución de combustibles. En Santa Cruz, YPFB habilitó una sala de monitoreo para seguir los despachos hacia estaciones de servicio y contrastar programación, transporte, recepción y comercialización. El objetivo es avanzar hacia un esquema en el que cada etapa pueda ser verificada: cuánto combustible se programa y despacha, qué unidad lo transporta, cuándo llega a destino y cuánto se comercializa al consumidor.

En este marco, YPFB recibió el lunes la visita del Comité pro Santa Cruz y se reunió con ellos para mostrar los resultados de sus investigaciones, socializar los productos obtenidos a través del trabajo técnico y presentar los avances de la implementación de la sala de monitoreo. El vicepresidente cívico, Agustín Zambrana, valoró el trabajo de YPFB y anunció que la institución acompañará la fiscalización.

“Hoy valoramos que se haya hecho una intervención, porque obliga a que estemos encima y empecemos a ver realmente por dónde están las filtraciones de robo”, dijo Zambrana, acompañado por Marcelo Méndez, presidente de los comités cívicos provinciales, y Dino Franco, segundo vicepresidente del Comité Pro Santa Cruz.

El asesor de Presidencia de YPFB, Sergio Hinojosa, explicó que el diagnóstico inicial identificó unas 630 cuentas de acceso al sistema sin persona asociada o que no debían permanecer activas. De esas, 60 accesos fueron cortados de inmediato.

Entre las primeras anomalías, Hinojosa señaló un desfase entre el combustible registrado como disponible y el que realmente estaba habilitado para despacho. Ese desfase generaba cupos “rezagados” con prioridad frente a las estaciones que atendían filas.